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¡Ley indígena no puede castigar a mestizos!

El lunes se hizo público el caso de un hombre supuestamente secuestrado para aplicarle la ley indígena.

11062013_100543ec2Miguel Ángel González

La justicia indígena se convirtió en el centro de atención cuando se conoció del caso de un hombre que fue supuestamente secuestrado por un grupo de indígenas de Imbabura y llevado hasta la comunidad Quinchuquí, donde estuvo seis días retenido. El problema se dio debido a que Carlos Romero, de 55 años, debía dinero a José Manuela Chiza y la intención, según la policía, era aplicar las leyes indígenas para encontrar solución al problema.

Por ello, de acuerdo con la información policial, Romero estuvo retenido en la comunidad durante seis días para pagar la deuda. Este inconveniente se da en el marco de los diálogos que mantienen representantes indígenas y del Consejo de la Judicatura. Precisamente el pasado 4 de junio, Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, y Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se reunieron para establecer acuerdos con el fin de la aplicación de la justicia indígena.

Jalkh dijo que están de acuerdo en trabajar en el desarrollo normativo de una ley de coordinación de justicia ordinaria e indígena. “No se trata de decir que una justicia es más importante que la otra, no hay niveles de subordinación, pero sí de coordinación. Y eso significa tener muy claro qué es competencia de la una y de la otra. Desde esa perspectiva, un desarrollo normativo es necesario”, indicó el principal de la Judicatura.

Mientras, Cholango manifestó: “Vamos a coordinar y a cooperar para que no existan abusos de lado y lado, porque hay jueces que están declinando competencias o que no están declinando competencias argumentando muchas cosas que desconocen. Por eso es necesario capacitar a los operadores de justicia, incluidas las autoridades indígenas”, señaló.

Para Manuel Chugchilán, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), la justicia indígena en las comunidades juzga todo tipo de delitos, pero en el caso de los evangélicos no se aplican métodos, como por ejemplo la ortigada o la “fueteada”, porque son prácticas que atentan contra los derechos humanos.

Él dice que la ley indígena no necesariamente recurre a estas prácticas, sino que existen procesos antes de tomar decisiones. Además de que las comunidades también tienen su organización de justicia para poder aplicarla.

Pero considera que “en cuanto a los diálogos, estamos viendo que se quiere limitar a la justicia indígena. Lo que sí debería (hacerse) es normar, de lado y lado, para que no existan abusos en pretexto de la aplicación de la justicia indígena”, opina Chugchilán con respecto a las conversaciones entre Judicatura e indígenas.

Una publicación titulada “La justicia indígena y sus conflictos con el derecho ordinario”, de Daniela Flores, del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señala que “al hablar de justicia indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad (…)”.

Sin embargo, el caso de Carlos Romero, quien presuntamente adeudaba dinero a un miembro de la comunidad de Quinchuquí, estaría fuera de la competencia de la justicia indígena, debido a que el hombre no pertenecía a ese grupo. Por eso, los uniformados detallaron que el sujeto fue secuestrado y los dirigentes de dicha comunidad estaban en total desacuerdo ante la medida, porque violentaba los derechos humanos.

Según el escrito de Inredh, los requisitos para que se aplique la justicia indígena son que un conflicto suceda dentro de su comunidad y “que los actores del mismo sean miembros de dicha comunidad”.

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Constitución

El abogado Ramiro Román considera que se debe tomar en cuenta lo que dicta la Constitución, para hablar sobre el tema de la justicia indígena, porque la carta política ya reconoce que el Estado es plurinacional e intercultural.

“Debemos remitirnos a los convenios de protección intercultural y desde el artículo 171 de la Constitución se ha manejado la interculturalidad y la aplicación de la justicia indígena”, detalla Román. De acuerdo con el artículo 171, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

De Diário Extra, 12/06/2013.

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