El peor error de Aylwin – Javier González

En lugar de resolver un problema acotado, el gobierno del ex Mandatario promulgó la Ley Indígena, que se transformó ella misma en promotora del conflicto en el sur.

Los efectos del error, los de un solo error, trascienden a veces la muerte del que los causa. Y uno de los más graves que el Presidente Patricio Aylwin cometió, uno que causa estragos hasta el día de hoy, fue promulgar la Ley Indígena…

Ciertamente, el Estado de Chile podía -por razones de justicia y en un afán reparatorio- hacer discriminación positiva entre sus ciudadanos. Podía otorgar privilegios y entregar tierras a quienes acreditaran tener cierta relación con los títulos de merced que se concedieron a propósito de la mal llamada Pacificación de La Araucanía. Podía, en definitiva, resolver un problema que era acotado.

En lugar de eso, se redactó una ley con tal cantidad de ambigüedades, que ella misma se transformó en promotora del conflicto. En efecto, la definición deindígena que hace el texto es tan amplia, que un individuo puede considerarse como tal si es que “se autoidentifica” de esa manera.

¿Los resultados? La población autóctona aumentó un 5,7% en 10 años, y no porque la natalidad de las etnias vaya al alza, sino por los beneficios que se derivan de reclamar esta condición: becas para estudiantes, subsidios para la compra de tierras y la realización de obras de riego, para la adquisición de derechos de agua, o para recibir capacitación técnica y profesional, son solo algunos de ellos.

Tanto así que, en dos años, las comunidades que tenían derecho a la entrega de tierras han aumentado de 115 a 200, sin considerar que hay 300 comunidades más a la espera de que el Estado les reconozca el mismo derecho.

En materia de tierras, los efectos de la ley no han sido mejores. Un estudio de la Universidad de la Frontera señala que el 60% de las tierras ha sido abandonada. Sí, abandonada por los mismos que reclaman derechos ancestrales sobre ellas. Y los resultados de una encuesta CADEM sobre el tema indican que un 78% de los mayores de 18 años que viven en la Región de La Araucanía estima que las tierras entregadas por la CONADI han sido mal trabajadas y han dejado de ser productivas; y un 72% cree que dicha política ha afectado el desarrollo económico de la región.

Y es que el Artículo 20 letra b) de la ley indígena (que se refiere a la administración del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas), determina que la CONADI tiene la facultad de financiar mecanismos que permitan solucionar los “problemas” de tierras. ¿Qué interpretación le ha dado esa institución al concepto de “tierra con problemas”? Tierras donde se hayan producido hechos violentos o tomas ilegales.

La tierra se ha transformado, de esa forma, en un premio al conflicto, y la ley ha operado como incentivo perverso. Los catastros existentes de tierras con problemas reales (asociados a títulos de merced y de dominio), en cambio, no han sido considerados por la autoridad.

Como es obvio, la violencia en La Araucanía también se ha incrementado. Si en 2014 hubo 209 actos violentos de connotación indígena, en 2015 hubo 298. Y el primer trimestre del presente año ya se han denunciado 58 atentados en contra de la industria forestal, transportistas e iglesias. Esto último, a modo de respuesta por la detención de los presuntos responsables del asesinato del matrimonio Luchsinger- Mackay.

A más de 20 años de su promulgación, ¿no sería razonable seguir el consejo de Einstein “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” y derogar la ley en cuestión? En lo personal, creo que sí.

De El Líbero